En su informe semestral, el Órgano Interno de Control del INE, da cuenta del inicio de procedimientos administrativos contra servidores públicos del Instituto, por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento del parque vehicular del instituto (2019) por un monto de 1 mil 37 millones de pesos, luego de cuatro años de litigios.
Litigios que resultaron por la nulidad total de la partida que determinó el OIC, órgano que, por cierto, estará acéfalo a partir de este 15 de septiembre.
El pasado 13 de septiembre, luego de aceptar incorporarse al gabinete de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Jesús George Zamora, renunció a su cargo como titular del Órgano Interno de Control del Instituto a partir del 15 de septiembre.
Antes de su renuncia, entregó el informe semestral de esa área, a fin de que sea subido a consejo general, probablemente el 20 de septiembre próximo.
En el documento, se da cuenta de la decisión del pasado 20 de junio, en el que se iniciaron los procedimientos contra los servidores públicos que participaron en la licitación que dio como ganadora a la empresa Lumo, cuyo contrato, luego de la nulidad del OIC, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, por la dirección de administración del INE de la integración anterior.
En 2019, cuando se llevó a cabo la licitación, el director de administración del INE era Bogart Montiel Reyna, quien renunció en diciembre de 2020 al cargo, luego de otro escándalo por 105 millones de pesos para la adjudicación directa de servicios plurianuales de “banquetes, taquizas y parrilladas”, en el que el OIC detectó un “mal cálculo económico”, que beneficiaba a la empresa adjudicada “El mundo es tuyo, S.A. de C.V.”